La compartición de datos sería mensual y Airbnb haría llegar al Ayuntamiento de Barcelona los datos exigidos por la normativa estatal mientras estos no sean accesibles a través de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos.

Los anunciantes tendrían que acreditar la titularidad del inmueble o, en el caso de inquilinos o gestores, disponer de la autorización correspondiente del propietario registral. Asimismo, para los anuncios de alquileres de menos de 32 días, sería obligatorio introducir el número de licencia HUT, que desde este mes de julio se sustituirá por el número de registro único de arrendamientos que otorga el registro de la propiedad correspondiente. La plataforma impediría el uso de códigos inventados o compartidos entre diferentes propiedades.

También propone que los anuncios ilegales se desactiven en un plazo máximo de 48 horas y que no se vuelvan a colgar. En el caso de infractores reincidentes o presuntos estafadores, la eliminación sería inmediata.

Una de las novedades más destacadas es la cesión de los datos de los titulares de las cuentas bancarias donde se reciben los pagos de las operaciones hechas a través de la plataforma. Esta medida permitiría reforzar la trazabilidad de las transacciones y la lucha contra el fraude.

Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona solo utilizaría los datos de Airbnb para sus funciones de control, notificaría formalmente las resoluciones de desactivación y facilitaría un contacto para que la plataforma pudiera comunicarse de forma segura y ágil con el consistorio.